Aportación social de las turbinas eólicas:

Entre las particularidades de las comunidades agrarias de la región del Istmo de Tehuantepec, cabe reseñar que no existiese hasta hace pocos años un movimiento campesino organizado, sino más bien una constante agitación teñida de matices étnicos. Así, la gran mayoría de las comunidades movilizadas han sido remanentes de grupos indígenas secularmente controlados por la burguesía agraria estatal, teóricamente con los mismos derechos formales que el resto de los ciudadanos del país Entre los afectados por los proyectos del CET destaca el campesinado indígena, cuya valoración al respecto ha sido divergente. Así, según el diario El Universal mientras en La Ventosa los propietarios exigían a las empresas, en especial a Iberdrola, que acelerase la instalación de los parques eólicos; en otras zonas como Juchitán la comunidad se oponía al proyecto por los retrasos en recibir las rentas derivadas de la explotación, la existencia de cláusulas abusivas, la negativa a contratar trabajadores locales y la falta de compensaciones a las administraciones locales. Javier Balderas, director del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, sostiene que el proyecto del CET se ha llevado a cabo despojando de sus tierras a los pueblos originarios. Según Balderas, el gobierno mexicano habría violado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional de Trabajo, al negar a los indígenas el derecho a la consulta acerca de la explotación de los recursos naturales de sus tierras, e impedirles el derecho a participar en el uso, administración y conservación de los mismos. 5 Entre las hipótesis a considerar como explicativas de estas diferencias, pueden citarse el diferente trato otorgado por cada empresa a los habitantes de la zona donde opera, el distinto grado de asimilación indígena o la existencia de disputas étnicas. Según Díaz Montes, en Oaxaca ha existido un tratamiento respetuoso de la autonomía indígena pero también un feroz conflicto entre aldeas. Por su parte, Eisenstadt observa que tras décadas de políticas estatales para asimilar las comunidades indígenas de Oaxaca (por ejemplo, en 1995 las autoridades aceptaron el derecho consuetudinario indígena para seleccionar los líderes locales) había devenido una orientación más proclive al estatalismo que al indigenismo entre los habitantes originarios.

Aparentemente, muchos campesinos analfabetos, con formación básica, o incluso sin hablar y entender el español habrían firmado contratos de arrendamiento con cláusulas abusivas con representantes de las empresas a lo que se sumaría el hecho de que las tierras son comunales y que el régimen ejidal impide pactar con particulares y que, según Trejo en La Venta no hubiese autoridades agrarias que velasen por las tierras de los comuneros. La relevancia del asunto llevó a su discusión en pleno en el Congreso del Estado de Oaxaca. Algunos de los hechos denunciados por los grupos indígenas no son desconocidos para las autoridades españolas. Así, en la Guía País de la Oficina Económica y Comercial de España en México, tras reconocer el potencial eólico, cifrado en 10.000 MW como oportunidad de inversión, se señala que: "México enfrenta una serie de problemas que limitan el desarrollo de la energía eólica, como la carencia de una red de transmisión adecuada para la evacuación de la energía eléctrica desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo o la localización y uso del suelo, pues la mayoría de recursos eólicos se encuentran en tierras regidas por comunidades agrarias, lo cual dificulta el proceso de negociación y venta"

Una idea de la magnitud del problema, es que de los cerca de 1.500 campesinos que arrendaron sus terrenos para el CET, 300 (un 20%) trataban de revertir los contratos por considerar exiguas las retribuciones. También, la Asociación Mexicana de Energía estimó que existían alrededor de 4 mil hectáreas en litigio en La Ventosa por los proyectos eólicos, cuyos propietarios deseaban cancelar los contratos vigentes. En Juchitán, los campesinos marcharon para interponer ante el juzgado civil 94 demandas de nulidad de contratos con las empresas españolas, sumando 205 demandas en ese municipio y en Unión Hidalgo. El argumento era que los contratos estaban amañados y que los campesinos no fueron "consultados ni tenidos en cuenta como lo establece el artículo 169 de la OIT". Mariano López, integrante del colectivo, señaló: "Esas empresas españolas engañan a nuestros campesinos: ofrecen pagos miserables. Por eso, ellos quieren cancelar el contrato con estas empresas mentirosas". A estas reclamaciones se sumaban las demandas sociales de los campesinos, quienes emplazaron a empresas como Iberdrola para que realizase obras sociales en la comunidad como: "el equipamiento del centro de salud, ampliación de la red de agua potable, pavimentación de las calles, la construcción de un mercado público, parques recreativos y una casa de cultura", dado que no estaban conformes con los precios. Tales reclamaciones continuaron en 2009, incluyéndose peticiones como el suministro eléctrico gratuito a los domicilios y servicios públicos locales, debido a las protestas contra las altas tarifas eléctricas y las demandas del campesinado por pagos justos. Los ejidatarios de La Ventosa se quejaban también por la falta de transparencia de las compañías, afirmando que durante los seis primeros meses tras la puesta en funcionamiento

del Parque en La Ventosa "Iberdrola, propietaria de Parques Ecológicos de México, no nos está pagando lo que convenimos". Sin embargo, la compañía declaró que los pagos fueron bajos por problemas de evacuación de electricidad, al sólo operar cinco aerogeneradores de los 84 existentes, solicitando los campesinos a cambio que se les mostrase mensualmente la tabla de generación eoloeléctrica y la revisión del contrato cada cinco años. López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España en aquel momento, habló de una doble moral en el caso de la energía eólica en México. Tras señalar que en España los pobladores de los lugares en los que se han establecido los parques eólicos se han visto muy beneficiados porque las empresas eléctricas les pagan precios justos que incluso les permiten tener vacaciones pagadas por el alquiler de sus tierras, afirmaba que "los contratos entre compañías y comunidades donde se construyan plantas generadoras de electricidad con energías renovables deben ser transparentes, contar con una perspectiva de respeto y fortalecer las estructuras comunitarias" . El conflicto seguía vivo en 2009, alcanzando rasgos de violencia en las protestas campesinas por incumplimientos en las obras del parque Eurus entre ellas: el pago de bajos salarios, despidos de trabajadores de la comunidad, no contratación de camioneros locales y uso de tierras sin permiso para construir una planta de energía e instalar aerogeneradores.